Los aspectos legales y competenciales de la gestión pública, privada o mixta de las redes de abastecimiento y saneamiento en España, se centran en retos más de carácter técnico que jurídico. Debe haber una cada vez mayor transparencia en los precios y una adopción de metodologías comunes en los organismos contratantes que deben delimitar los ámbitos funcionales para la prestación de servicios, sean estos municipales o supramunicipales.

En las prestaciones patrimoniales públicas debe regularse por norma qué conceptos pagan los usuarios, porque solo las normas pueden permitir a los ciudadanos saber lo que pagan. Sin un soporte económico claro y estable no es posible realizar una gestión respetuosa con la legislación vigente: la única solución es subir las tasas o precios, introduciendo ( y definiendo antes) los costes ambientales o rebajando los niveles prefijados de calidad en las aguas circulantes. El coste del servicio está relacionado con el de la garantía asociada, en que las campañas de ahorro de agua están hechas con muy buena fe, pero con poco fundamento, porque una bajada en el consumo se corresponde con una disminución severa de ingresos en la administración planificadora, en que el precio es inferior al coste y éste al valor y en lo difícil que es para el gestor devolver inversiones con ingresos variables.