La comunicación pretende realizar un estudio de la evolución sufrida por los delitos contra el medio ambiente en España, especialmente, en los últimos años. Así, desde su inicial introducción en 1983 en el ya derogado art. 347 bis del Código Penal de 1973, pasando por el notable incremento de dichos delitos con la promulgación del Código Penal de 1995 y terminando con las reformas operadas en dichos delitos en los años 2003 y, especialmente, en el año 2010.

Conviene prestar especial atención a estas dos últimas reformas. En teoría, ambas venían obligadas por la normativa europea. Especialmente la de 2010 venía obligada por la promulgación de la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal. Directiva, encaminada a armonizar la legislación penal en materia medioambiental en los países de la UE.

Un mal entendimiento de la misma por nuestros legisladores penales, en realidad, no ha hecho otra cosa que rebajar el techo de protección penal que en nuestro país tenía el medio ambiente en la medida en que ha contribuido a una rebaja de penas para supuestos que, con anterioridad a la Directiva, en nuestro país ya constituían delito y, además, establecían una pena más grave.

En consecuencia, se hace necesario proponer una nueva reforma para devolver al medio ambiente la protección penal que se merece.