Esta declaración, elaborada por representantes de ciudades de Europa y Latinoamérica en Vitoria-Gasteiz, un poco antes de Río+20, se resumen en doce puntos:

1. Se pone de manifiesto y reivindica la completa vigencia de los planteamientos de Río 92 acerca del protagonismo de las ciudades ante los retos ambientales globales: tanto su visión, expresada en la idea “piensa globalmente, actúa localmente”, como sus instrumentos de gobernanza, los procesos de Agenda 21 local (basados en el diálogo y los indicadores de seguimiento).

2. En virtud de lo anterior se reclama: un protagonismo mucho mayor de las autoridades locales en la definición de las estrategias que se elaboran desde los organismos internacionales y los gobiernos nacionales; y una financiación suficiente y descentralizada acorde con esta importancia.

3. Se insiste en la necesidad de auténticas estrategias locales basadas en indicadores que: i) den certeza y credibilidad a los compromisos políticos; ii) que permitan la evaluación de las políticas públicas, de forma interna y externa; iii) que faciliten el diálogo y el control de la ciudadanía. A su vez, se necesita un cierto cuerpo común de Indicadores, que faciliten el diálogo entre ciudades (comparar sus experiencias, sus evaluaciones, ayudarse, transferirse conocimiento). Desde el punto de vista de la economía verde, ya se está poniendo de manifiesto como este tipo de estrategias generan un marco de referencia estimulante para la innovación y la iniciativa empresarial.

4. Sin perjuicio de la importancia para la gobernanza de los canales de diálogo con grupos interesados, expertos, tercer sector, se hace necesario reforzar la relación directa de las autoridades con los ciudadanos en materia ambiental: a través del compromiso con la transparencia y con la información a los ciudadanos; y a través de la educación (la eficiencia, la suficiencia o la permanencia son importantes principios de un desarrollo sostenible que tienen que ser entendidos por todas las personas).

5. Se advierte la especial importancia de mejorar la gobernanza de las administraciones públicas en el desarrollo de las políticas ambientales en varios sentidos:
a. dotándolas de más continuidad y visión a largo plazo;
b. procurando una mayor colaboración e integración entre los distintos niveles políticos y administrativos; las políticas ambientales son imposibles sin una suficiente praxis del “principio de lealtad institucional”,
c. sabiendo optimizar, estimular, ser permeable a las iniciativas que surgen de las bases sociales (bottom‐up) y que constituyen un enorme capital social.

6. Se hace necesario insistir en la exigencia del cumplimiento y aplicación de las normativas ya existentes.

7. Disponer de modelos de referencia desarrollados a través de redes de ciudades que vengan a actuar como “redes de autoayuda”. Sin olvidar que es la propia ciudad con sus actores internos a quien corresponde pensar, dialogar, actuar; pero estas redes y modelos pueden ayudar como estímulo (exógeno) de las capacidades endógenas.

8. Se insiste en la necesidad esencial de los instrumentos de planificación urbana, adecuados a los objetivos estratégicos relacionados con la sostenibilidad.

9. El reto práctico (con independencia de la crisis) y ejemplarizante ( en términos de coherencia) es la creación de valor de las infraestructuras ya existentes.

10. Se reconoce a los partenariados público-privados (PPP) como fórmulas de gestión facilitadoras de las necesidades a atender en ciertos casos.. Pero a su vez se advierten dos cuestiones:
a. El potencial de los emprendedores sociales como parte privada de ellos.
b. La necesidad de que apliquen con garantías de gobernanza: i) previos y adecuados análisis de coste‐beneficio, ii) transparencia y coherencia con las necesidades identificadas en los procesos de gobernanza, iii) suficiente capacitación de los actores públicos para la definición y gestión de estos complejos instrumentos.

11. Se propone superar la fase de los proyectos pilotos y pasar a la implementación real y general de los mismos, a gran escala, desde una apuesta por las tecnologías maduras existentes y aún no generalizadas. Y en todo caso advirtiéndose de la necesidad de: evitar planteamientos tecnocéntricos, y disponer previamente (por los canales de gobernanza) de la definición de las necesidades a satisfacerse.

12. Se advierte la necesidad de: recuperar una relación equilibrada de la ciudad con el territorio, con lo rural. Han de reconocerse los servicios ecosistémicos ofrecidos por los entornos rurales, de los que se benefician las ciudades; con las implicaciones correspondientes de transferencias de rentas. En todas las culturas, de forma más o menos reconocida, existen tradiciones, con origen rural, de conocimientos prácticos y valores espirituales en torno a la relación armónica del hombre y los recursos. Este patrimonio cultural en nuestros días adquiere un valor funcional como legado y ejemplo de estrategias de sostenibilidad y de otras pautas posibles de vida y consumo.

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