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En la presentación intervinieron: D.Adolfo Díaz Ambrona Medrano, Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA); D. José Alberto Molina Hernández, Director del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT); D. Fernando López Ramón, Director del Observatorio de Políticas Ambientales; Dª Alba Nogueira López, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. D. Luis Ortega, Magistrado del Tribunal Constitucional y D. Víctor Viñuales Edo, Director de ECODES.
El Observatorio es un proyecto de investigación, que lleva a cabo análisis anuales independientes de las políticas ambientales de las comunidades autónomas en su contexto estatal, comparado, europeo e internacional. Hasta el momento, se han publicado siete informes por la editorial Thomson-Aranzadi de Pamplona
El proyecto, coordinado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el Centro Internacional de Derecho Ambiental, integrado en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Bajo la dirección de Fernando López Ramón, Catedrático de Derecho Administrativo y presidente de ECODES, el Grupo de Trabajo del Observatorio está formado en la actualidad por cuarenta y ocho catedráticos y profesores titulares especializados en Derecho Ambiental pertenecientes a veintinueve universidades, que realizan y critican los diferentes análisis cada año.
Perplejidades en el año de Fukushima. Con este título introduce el coordinador Prof. Dr Fernando López Ramón el informe 2012 del Observatorio de Políticas Ambientales que se presentó en Conama.
Un ejercicio más, la protección del medio ambiente no está de moda. La comunidad internacional no logra progresos apreciables en la esencial cuestión de la lucha contra el cambio climático; la burocracia europea continúa preparando concienzudos programas de actuación ambiental mientras aumentan los incumplimientos estatales en la materia; el ejecutivo británico declara que las exigencias ambientales constituyen una carga pesada y un coste muy sustancial para la economía. En tal contexto, no pueden extrañar las constantes referencias de quienes observan las políticas ambientales españolas, a las restricciones que la crisis económica está implicando en las mismas. Ni tan siquiera el accidente nuclear de Fukushima parece haber removido las conciencias, pues no se advierten especiales cautelas en el sector.
Domina la sensación de perplejidad, que se constituye, así, en hilo conductor de ciertas reflexiones sobre la fiabilidad de la información nuclear, la filiación política de la protección ambiental, la vuelta a la “política del ladrillo” y las variadas respuestas judiciales en el caso Aznalcóllar.
En esta edición se incluye una nueva sección de análisis de políticas sectoriales con estudios dedicados a la contratación pública verde, la ordenación del litoral, la variable ambiental en el dominio hidráulico, y también una primera entrega sobre Administración local y medio ambiente. |
