La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que traspone la Directiva 2008/98/CE, ha supuesto un cambio importante en el sector residuos, dada la introducción de novedades tan importantes como la nueva jerarquía de residuos, los nuevos objetivos de prevención, preparación para la reutilización y reciclado, la nueva concepción de subproducto y fin de condición de residuo, el nuevo régimen de intervención administrativa (autorizaciones y comunicaciones), las figuras de negociante y agente, la responsabilidad ampliada del productor de productos, la creación de la comisión de coordinación en materia de residuos, el incremento de la cuantía de las sanciones, etc.
Dicha normativa hace especial hincapié en la necesidad de convertir los residuos en recurso para que vuelvan a incorporarse al sistema productivo como materia prima, fomentando la reutilización y el reciclaje, siguiendo lo determinado en la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos (2005), y la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (2011) realizada por la Comisión Europea.
La actividad económica relacionada con los residuos supone en nuestro país un sector económico de importancia, con una estimación de la facturación de este sector de más de 7.800 millones de euros y una generación de empleo de 140.000 puestos de trabajo en el año 2009, el 26,4% del total del empleo del sector ambiental, según el Informe Empleo verde en una economía sostenible, de la Fundación Biodiversidad y del Observatorio de la Sostenibilidad en España.
A nivel de la UE, se estima que en 2008, el volumen de negocio de los residuos representaba un total de 145.000 millones de euros, alrededor del 1% del PIB de la UE, ocupando a dos millones de personas. No obstante, según un estudio presentado por la UE, el mero cumplimiento de la estrategia de la UE en la materia permitiría generar 400.000 empleos adicionales, un volumen de negocio anual total de 187.000 millones de euros y un ahorro de 72.000 millones al año.
La aplicación de la Ley 22/2011 está generando diferentes retos que aún no están resueltos, como la adaptación autonómica a lo dispuesto de la Ley, la autorización autonómica de operador de residuos con validez en todo el territorio del Estado, la interpretación de la separación en origen, la problemática sobre el material bioestabilizado, el desarrollo del régimen de garantías financieras, etc.
Las distintas sesiones técnicas organizadas en CONAMA que hacen referencia a residuos, trataron todos estos debates, con el fin de extraer propuestas que colaboren en mejorar la aplicabilidad de la Ley, el desarrollo reglamentario que se debe realizar de la Ley, las adaptaciones que tiene que sufrir determinadas normas de residuos a nivel general (RD 833/1988, RD 1481/2001, RD 9/2005 y D653/2003) o normas de residuos específicos (envases, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos al final de su vida útil, neumáticos fuera de uso, aceites industriales usados, residuos de construcción y demolición, y pilas y acumuladores) que se deben llevar a cabo entre otros.
Presentación del Bloque de Residuos
Guillermina Yanguas, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, realizó un breve repaso al marco jurídico en materia de residuos, que considera mejora la seguridad jurídica y agiliza la tramitación administrativa, y sobre los pasos siguientes que el Ministerio va a desarrollar. Por un lado se van a adaptar las normas existentes al nuevo marco jurídico que establece la Ley de Residuos y por otro lado se van a desarrollar la normativa de determinados flujos de residuos, entre ellos, la revisión del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015. Para realizar esta tarea, además de establecer una hoja de ruta, se ha establecido una periodicidad de reuniones de la Comisión de coordinación en materia de Residuos, donde los agentes puedan participar activamente, y la constitución de grupos técnicos específicos.
Asimismo, se desarrollarán políticas como el Registro electrónico de producción y gestión de residuos, para mejorar la trazabilidad, la información, la agilización administrativa y el control de los residuos. Finalmente resalta que entre sus sus objetivos se encuentra el cumplimiento de las obligaciones comunitarias, la consideración del residuo como un valor a aprovechar y la dotación r del marco jurídico necesario a todos los agentes con una reglas claras para gestionar más adecuadamente los residuos, y para apoyar la creación de empleo en este sector.
Eva Rodríguez (CEOE) resalta que ya existen problemas de implementación, destaca el ambicioso trabajo de la Comisión de coordinación por la complejidad del marco normativo y la necesidad de armonización de la legislación autonómica, la importancia del registro electrónico, que va a ser fundamental para obtener datos que permitan planificar e inspeccionar adecuadamente y que puede suponer una aminoración de la carga administrativa si se diseña adecuadamente. Asimismo, destaca el desarrollo normativo para los distintos flujos de residuos, el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor que considera que debe ser compartida entre todos los agentes de la cadena, el procedimiento del traslado de residuos que debe respetar el reglamento europeo, especialmente en cuanto a las limitaciones se refiere. También existen retos en materia de desarrollo jurídico, en relación al fin de condición de residuo, subproductos o exención de los requisitos de autorización. Por último reclama que los planes y programas de gestión estén basados en rigurosos informes técnicos y económicos.
Alodia Pérez (Amigos de la Tierra), cuya presentación la ha realizado en colaboración con otras entidades sociales con el fin de dar una visión global, resalta la preocupación de la necesidad de incorporación de la minimización del uso de recursos naturales para poder desarrollar una adecuada política de residuos. En relación a la jerarquía que adopta la Ley, destaca su preocupación por la reducción y la preparación para la reutilización, que si bien la Ley establece un objetivo de reducción, más allá a lo establecido por la Directiva, España sigue estando octavo entre los países que más residuos genera, según Eurostat, para lo cual se debe cambiar el modelo de consumo y distribución, incrementar la duración de los productos, incrementar la duración de garantías y eliminar la obsolescencia programada.
En relación a la reutilización se considera que se debe hacer un mayor esfuerzo para alcanzar los objetivos de reciclaje. Señala que según el Ranking de un estudio de la UE en 2012 lugar en cuanto a la eficiencia en la gestión de residuos. Las carencias detectadas son basadas en la falta de reutilización de residuos, en la legislación demasiado laxa, cortoplacismo de algunas medidas tomas en estos años, problemas en la coherencia de datos, la falta de transparencia en los datos dificulta la planificación, dificultades entre comunidades autónomas, falta de iniciativa en algunas mejoras. Asimismo, destacó algunos modelos puestos en marcha en algunas comunidades autonómicas y otros países, como la recogida puerta en puerta, el contenedor de materia orgánica, los sistemas de depósito y devolución, estudiando el equilibrio del coste económico y ambiental. También hace incidencia en el potencial de empleo de este sector, especialmente si se incide en el reciclaje frente a las incineradoras y vertederos, ofreciendo distintos datos.
Finalmente se visionó un video del Comisario Janez Potocnik donde refleja las opciones que existen en la generación del empleo en el sector de residuos, en concreto señala por ejemplo, que la aplicación de la legislación en materia de residuos podría generar 400.000 puestos de trabajo de los cuales 55.000 serían españoles, si se sustituyeran los vertederos por plantas de reciclaje, se lograría 130.000 puestos de trabajo adicionales, de los cuales 20.000 serían españoles.
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