Marta Ruiz Cerrillo (Diputación Foral de Álava), destaca cómo en la Diputación, con importantes competencias en materia de medio ambiente y ordenación territorial, poseen una amplia experiencia en la gestión de espacios naturales protegidos, en la gestión de proyectos de evaluación de impacto ambiental, con un nivel de participación ciudadana importante, y en materia de ordenación territorial. Entre las iniciativas de integración territorial recientemente desarrollados, destacó la aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y del Sector Agroforestal, donde han intervenido distintos departamentos como carreteras, agricultura, medio ambiente, etc y ha habido un gran proceso de participación social.

Salvador Enguix Morant (Diputación Provincial de Valencia), pionera en la prevención de los incendios forestales, el servicio de limpieza y conservación de playas y la implantación de gestión ambiental en playas, destaca el papel desarrollada por la Diputación en la recuperación de áreas degradadas, la prevención de riesgos geológicos, el apoyo en la aplicación de la Agenda 21 local en los municipios valencianos, el Proyecto Ecovitrium sobre reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos entre otros proyectos. 

Juan José Cerrón (Comunidad de Madrid) señala la necesidad de que existan unos principios políticos en el que se base la estrategia territorial planificada en el tiempo, especialmente en el principio liberal y en la racionalidad en los procesos burocráticos. En este sentido opina que no habrá visión estratégica sin un marco legislativo ágil. La Comunidad de Madrid, de territorio reducido además altamente protegido (50-60% protegido por alguna figura de protección), y que alberga una gran población de 7 millones de personas, con actividades económicas fuertemente implantadas, lo que dificulta la compatibilización y la prestación de servicios a todos los intereses.  Resalta la necesidad valorizar los recursos naturales, su capacidad de generar empleo, fomentar las infraestructuras naturales como los corredores ecológicos y fluviales y seguir manteniendo el estado de conservación de la flora y fauna, pese a las dificultades presupuestarias. 

Hugo Morán (PSOE), destaca entre sus reflexiones la revisión de la relación de la sociedad con el entorno, identificando unos compromisos que se debería adoptar en determinados reequilibrios: los límites del desarrollo no puede marcarlo la demanda, sino el límite de recursos disponibles; reequilibrio de país, entre el medio rural y el medio urbano; reequilibrio entre el espacio y el tiempo, no se puede esperar que la ocupación del espacio en el tiempo puede darse de forma infinita sin incorporar ningún tipo de riesgo; y por último el reequilibrio entre la administración y la sociedad, la necesaria incorporación en la toma de decisiones de la sociedad. Finalmente señala, la necesidad de repensar la escala de valores, especialmente el hecho de que primero se debe alcanzar la sostenibilidad económica para poder alcanzar la sostenibilidad ambiental, lo cual ha sido un error, no hay sostenibilidad económica, si primero no existe la ambiental.    

Jesús Abadía Ibáñez (Endesa) ofrece el punto de vista de las infraestructuras energéticas en el territorio, los centros generadores de energía y las líneas de distribución, las cuales se han tenido que adaptar a cambios de la planificación territorial, por el crecimiento de los espacios urbanos, por la implantación de otras infraestructuras, etc. Esta implantación territorial de las infraestructuras energéticas, tiene una estrecha relación con la política energética de un estado, de sus fuentes de generación, de su estructura territorial, de los condicionantes ambientales, y de los cambios que con el tiempo se traducen en todos estos aspectos.  Señala el reto de la aceptabilidad social de los proyectos que se emprenden en los territorios en los que actúan. Asimismo, hace referencia a los procesos administrativos que considera complejos y con largos períodos de tramitación, y no por causa de la generación de consultas públicas, sino por la falta de recursos de la administración para evaluar dichos proyectos y la complicada distribución de competencias, lo que genera a las empresas una situación de inseguridad en su planificación. La falta de planificación territorial y las trabas administrativas son limitantes que considera necesaria solucionar, sin que ello perjudique los procesos garantistas y la participación pública.  Asimismo, destaca que de cara a futuro, van a producirse cambios importantes, especialmente con la distribución y la aplicación de los sistemas inteligentes. 

Juan Carlos del Olmo (WWF España), destaca que cuando se habla de actuaciones territoriales estratégicas hay que tener en cuenta el momento de crisis que se está viviendo, que también es de crisis ecológica que debe atajarse, por lo que cualquier actuación o inversión territorial que se realice debe tener en cuenta dos cuestiones, tiene que servir para reducir la huella ecológica y a recuperar y conservar el capital natural, base de nuestra economía, supervivencia y calidad de vida. Destaca la necesidad que las inversiones deben apoyar una economía y empleo verde, el impulso a las energías limpias y renovables, la recuperación de los ecosistemas, tanto para conservar los servicios ambientales como para aumentar su resilencia ante amenazas como el cambio climático, y la apuesta fuerte por el desarrollo rural en nuestro país, desde la gestión forestal hasta la ganadería sostenible, con un cambio radical en los modelos de construcción.  Asimismo destaca la necesidad de que la ordenación territorial en nuestro país no se hace sobre un mapa en blanco, sino con un nivel de biodiversidad importante, haciendo hincapié, tanto en los espacios protegidos como en los corredores que garantizan la conectividad, comentando el caso específico de la planificación en España en materia de infraestructuras terrestres. También destaca la necesidad de una participación real y efectiva, más allá de meros trámites de información pública. 

Carlos Iglesias (ECOPAS) realizó la presentación de este debate enmarcándolo dentro de un esquema DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). En este sentido, expresó como principal debilidad la participación pública, dado que no se está dando suficiente respuesta a la demanda de la sociedad para participar en la toma de decisiones. Como amenaza expresó la posibilidad de que aún se pueda interpretar que el medio ambiente sea un freno al desarrollo, como fortaleza destacó la capacitación técnica, la experiencia y alta cualificación de los profesionales, que a su vez, está amenaza por la actual situación económica que provoca el desmantelamiento de muchos equipos. Finalmente,  cómo oportunidad destacó la necesidad de ser vanguardistas desde la normativa, como por ejemplo revisar el reglamento de evaluación de impacto ambiental que es más antigua que la propia ley (una diferencia de 20 años), con la introducción, por ejemplo, de instrucciones técnicas específicas por sectores u otros sistemas, que permita reducir ambigüedades para minimizar las incertidumbres en los inversores.