La Directiva 2012/75/UE sobre Emisiones Industriales (DEI) aglutina la Directiva 2008/1/CE (denominada «Directiva IPPC») y otras seis directivas sectoriales sobre limitación de emisiones, en una sola norma que obliga a determinadas instalaciones industriales a la adopción de medidas de prevención de la contaminación mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles (destaca el requisito de establecer en las AAI valores límites no superiores a los niveles de emisión asociados a las MTD), la no producción de ninguna contaminación importante, la limitación, reciclaje o eliminación de los residuos de la forma menos impactante, la maximización de la eficiencia energética, la prevención de los accidentes y la recuperación de los lugares de explotación, entre otros aspectos.
La transposición de esta Directiva, cuyo plazo límite es enero de 2013, está en proceso de elaboración, siendo el reto el siguiente: ¿Cómo implementar la DEI de manera que, dentro de sus límites interpretativos, suponga un reforzamiento de la competitividad del sector industrial, y no un factor que complique aún más la adaptación del tejido industrial español al nuevo escenario económico?
En este sentido, el grupo de trabajo presenta un debate sobre los retos, oportunidades e implicación que la aplicación de la DEI puede suponer para el sector industrial, considerando la especial coyuntura actual y un horizonte a medio/largo plazo, tratando asuntos como:
• Análisis de la norma de transposición o de modificación del régimen anterior. • Nuevos requerimientos legales: consecuencias en condicionados anteriores establecidos conforme Ley 16/2002 (y sus autonómicas). • La vinculación o no de las MTD. • Plazo de entrada en vigor de la norma: para nuevas instalaciones y para las existentes. • Periodo transitorio para adecuar las AAI existentes a la nueva norma; capacidad de las comunidades autónomas. • Adecuación de la nueva norma con la normativa ambiental, estatal o autonómica, existente, ¿disconformidades? • Normativa autonómica de desarrollo. • Análisis sobre los instrumentos que garanticen el acceso a la información y la participación del público en general y a cualquier parte interesada para lograr el cumplimiento eficaz de los objetivos que se proponen en la Directiva.
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