El principio de solidaridad, que recoge el sentimiento de que el bienestar individual no puede sino venir del bienestar de la comunidad en su conjunto, entendiendo, incluso, que esta comunidad incluye a las generaciones futuras, ha estado presente en toda la construcción del ambientalismo actual.
Hoy, sin embargo, en un contexto económico que conlleva recortes en políticas públicas, el principio de solidaridad ambiental se enfrenta a diferentes retos, entre ellos, el de su concepción interterritorial.
Dicha solidaridad interterritorial, presente también en muchos otros ámbitos jurídico-políticos, se presenta en materia ambiental, en ocasiones, como la única alternativa para garantizar un acceso mínimo a recursos naturales básicos. Aún así, no debemos perder de vista que la solidaridad tiene dos aspectos: el positivo, de acuerdo al cual cada individuo que invoca la solidaridad puede beneficiarse sin discriminación alguna de iguales oportunidades de participación en las plusvalías sociales y otro negativo, de deber, por lo que se refiere a la obligación de contribuir a las cargas que generen las necesidades de algún sector del colectivo.
La solidaridad ambiental, entonces, se enfrenta a valoraciones económicas que es necesario considerar a la hora de tomar decisones basadas en ésta, puesto que siempre habrá un grupo beneficiado económicamente por la misma y otro, al contrario, perjudicado.
La valoración económica de los recursos naturales dista todavía de realizarse como ejercicio habitual, al menos en México, a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 insiste en la necesidad de utilizar más instrumentos económicos en el diseño de las políticas públicas ambientales en el país.
Así, en este trabajo exponemos los desafíos a los que se enfrenta el principio de solidaridad interterritorial en materia ambiental en México en la actualidad, tanto desde el punto de vista económico, como desde las políticas públicas.