Las afecciones al medio ambiente derivadas del ejercicio de las actividades económicas genera la necesidad de una intervención de la Administración con carácter previo a puesta en funcionamiento. A nivel local, esta intervención venía efectuándose a través de la licencia de apertura en la que se integra (en la Comunidad Autónoma de Andalucía) la calificación ambiental como instrumento de prevención y control medioambiental.

La trasposición en la normativa estatal y autonómica de la Directiva 2006/123/CE relativa a los Servicios en el Mercado Interior, ha supuesto un cambio radical en el funcionamiento de los departamentos encargados de la tramitación de las llamadas licencias de apertura, pues ha supuesto pasar del "control previo al inicio de la actividad", al "control a posteriori" y sustituir la citada licencia de apertura por la llamada Declaración Responsable o Comunicación Previa, sin necesidad de evaluar las repercusiones ambientales de determinadas actuaciones. Se ha dicho que se trata de un cambio de mentalidad en el funcionamiento de la Administración Municipal, que afecta a una parte importante de la actividad económica de las ciudades.