No cabe duda de que, admitidas las consecuencias de nuestro comportamiento en el clima, es necesario asumir la necesidad de cambiar nuestro rumbo, nuestro quehacer, nuestra manera de actuar.

El Pacto de Alcaldes está siendo el empujón que necesitaban muchos municipios para pasar a la acción. Es un compromiso para reducir emisiones ahorrando energía y potenciando las energías renovables de una manera organizada y en el que, de alguna forma, las ciudades y pueblos participantes sienten que van de la mano en el esfuerzo por utilizar una energía más limpia.

Sin embargo, una vez que se entra en la iniciativa se corre el riesgo de encontrarse perdido. Por un lado, en la forma, debido a la gran variedad de gobernanzas y formas de distribuir la energía en Europa, a la ausencia de una metodología común, a la multitud de guías que se van actualizando y traduciendo continuamente y al modelo poco flexible en el que enmarcar y presentar el 'Inventario de Emisiones' y 'Plan de Acción de Energía Sostenible'. Por otro, en el contenido, por la dificultad de alcanzar los objetivos impuestos (reducir al menos un 20% de las emisiones) si se plantea una perspectiva realista, teniendo en cuenta que en la mayoría de los inventarios se pone de manifiesto que las fuentes difusas son las responsables de la mayor parte de las emisiones y la dificultad de poder actuar en los ciudadanos en ausencia de incentivos económicos. Estas son las circunstancias reales del momento de crisis actual en el que nos encontramos, en el que aumenta la motivación por el consumo responsable y el ahorro económico (en sintonía con el ahorro energético) pero disminuye el poder de inversión en el caso de cambios en las instalaciones de los edificios, por ejemplo.

En este informe queremos poner de manifiesto las luces y las sombras de esta ambiciosa iniciativa europea y la experiencia de la ciudad de Granada en el seno de la misma, en la que aspiramos y esperamos obtener un balance positivo.