"El agua no es un producto comercial, sino una herencia que es preciso proteger" (Directiva Europea Marco del Agua).
De acuerdo con este enunciado, el agua no tiene precio. Su utilización, sin embargo, tiene un coste, un coste muy diferente según las localizaciones y los usos. Los consumos en la agricultura pagan cantidades significativamente más baratas que las domésticas y las industriales.
No tiene mucho sentido que España sea uno de los países de la Unión Europea que más agua gasta y pague un coste más bajo: a título de ejemplo, la tarifa media española se sitúa en el entorno de 0,66 € por metro cúbico, mientras que los holandeses, y no sólo ellos, pagan 3,5 €.
Últimamente, estamos oyendo hablar mucho (quizás demasiado) sobre los incrementos futuros de las tarifas del agua y es cierto, que éstas subirán y no poco.
Efectivamente, la DMA obliga a los Estados miembros a la recuperación en la factura del agua de todos los costes, los de gestión ordinaria y los de mejora y recuperación del medio ambiente.
Respecto de los primeros, ya se anuncian incrementso que pueden llegar al 30% como consecuencia de la entrada en funcionamiento de las desaladoras y otras importantes obras infraestructurales. No todo, sin embargo, acabará aquí, ya que la determinación y valoración de los costes medioambientales será muy compleja y diversa.
En definitiva, pues, estamos a las puertas de una cierta revolución del régimen económico del agua vigente hasta ahora.
Todo ello no nos ha de amedrentar si somos capaces de gestionar mejor y de informar también mejor. Si lo hacemos, obtendremos una mayor garantía y una mayor calidad en el suministro, una mejor protección y/o recuperación de los acuíferos sobreexplotados y un régimen tarifario más justo y progresivo.