La implantación de las diferentes modalidades de Agenda 21 (A21) ha sido una de las fórmulas más extendidas de aplicación de los principios de desarrollo sostenible desde la Cumbre de Río de 1992. La observación y seguimiento de las experiencias desarrolladas a escala local a lo largo de los casi 20 años de historia de la A21 Local (A21L) ha dado lugar a la redacción de informes de seguimiento, a la publicación de numerosas trabajos científicos y a otro tipo de iniciativas que han permitido hacer un análisis valorativo del fenómeno. En general, los estudios desarrollados desde esta perspectiva suelen incidir de manera especial en el alcance territorial de este tipo de prácticas, medido a partir del número de municipios que se encuentran en las distintas fases del ciclo (adhesión a Aalborg, fase de diagnóstico, plan de acción, etc.). Sin embargo, se observa una casi total ausencia de referencias sobre la existencia de reglas y mecanismos de control del proceso, necesarios para asegurar tanto la correcta interpretación de los principios de la sostenibilidad a escala local así como de la correcta elección y uso de la metodología de trabajo. Aunque, en la mayoría de casos, la ausencia de este tipo de referencias se explica por la inexistencia de una normativa específica y procedimientos, no deja de sorprender que no que se haya tratado el caso con más atención en las pocas Comunidades Autónomas en las que ha sido adoptado, ni se haya echado en falta donde no existe.

La implantación de la A21L en los municipios de las Islas Baleares se rige desde hace diez años por el decreto 123/2002, de 4 de octubre, de la Consellería de Medi Ambient del Govern Balear. Aunque con anterioridad a su publicación se desarrollaron algunas experiencias interesantes como la A21L de Calvià, en términos generales se puede decir que los importantes avances conseguidos en los últimos años (en 2011 todos los municipios de las islas ya habían adoptado su A21L) tienen mucho que ver con la percepción de rentabilidad política que el decreto ha generado, el apoyo dado a la iniciativa por parte del gobierno regional y local, así como por la positiva respuesta de los diferentes actores involucrados.
En el caso balear se observa el importante papel desplegado por el Comité Especializado Insular de la A21L de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, vinculado a los respectivos Consells Insulars y a la Comisión Balear de Medio Ambiente del Gobierno Balear, y que el decreto 123/2002 creó con el objetivo de 'alcanzar un mínimo de armonización entre todas las Agendas Locales 21 que se implanten en las Islas Baleares, con la menor intromisión en las competencias municipales'.