La explotación de los recursos minerales supone una intervención de gran calado sobre su territorio, a la vez que excluye la realización de otro tipo de actividades y que remodela el espacio por completo. Desde la época romana, estas actividades han transformado el entorno y han creado nuevos paisajes; no obstante, la toma de conciencia de la sociedad y los poderes públicos sobre la relevancia de mantener unos estándares mínimos que no comprometan la salud humana y el patrimonio ambiental, obligan a adoptar un nuevo modelo que fomente la compatibilidad entre la recuperación del territorio y la explotación de sus recursos.
En este contexto corresponde analizar la regulación vigente sobre la materia y estudiar las exigencias mínimas para la restauración. La celeridad en la aplicación de las labores de recuperación del espacio afectado y la voluntad por dotar de nuevos usos al territorio suponen un desafío para las actores implicados, tanto el sector industrial como las administraciones públicas. Son numerosos los ejemplos que ponen de relieve las posibilidades de la restauración y sus beneficios sobre la población y el medio ambiente.
En una situación de cambio como la actual donde el sector minero se encuentra en plena reconversión, con explotaciones abocadas al cierre, otras pendientes de su reapertura, y nuevos yacimientos que hasta el momento no habían sido de interés para la industria; la aplicación de un modelo de gestión adecuada del territorio, en el que la restauración se considere una pieza esencial, puede ofrecer nuevas oportunidades a las tradicionales cuencas mineras, así como imponer un nuevo modelo para las actividades extractivas que atienda desde el principio a los recursos y posibilidades futuras del territorio en el que se asienta.