Esta sesión continuó las mesas de debate de la ST-6 Perspectivas en el desarrollo y la financiación de la Ley de Residuos (I), pero en este caso centrándose en dos debates diferentes: por un lado, la necesidad de desarrollar un adecuado control e inspección sobre los residuos, derivado del cambio de la cultura administrativa que representa la nueva ley, donde se favorecen las comunicaciones frente a las autorizaciones, y por otro, los instrumentos financieros y fiscales que pueden aplicarse para mejorar la financiación de la gestión de residuos en nuestro país.
Inspección y control del cumplimiento de la normativa. Retos y oportunidades.
El nuevo marco normativo de la Ley 22/2011 tiene entre sus objetivos modernizar el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos en base a la experiencia adquirida y adaptándose a las medidas de liberalización y simplificación administrativa derivada de la “Directiva de servicios” Directiva Europea 2006/123/CE (transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de las leyes denominadas “Paraguas” y “Ómnibus” y sus reglamentos incluido el RD 376/2010 de modificación de diversos reglamentos ambientales). Esto ha generado que a pesar de que se conservan algunas autorizaciones existen muchos trámites que se someten a comunicación previa.
Este cambio de cultura administrativa, exige que la administración adecue las labores de inspección y control para asegurar el cumplimiento de la normativa en todo territorio del Estado. Asimismo, esta labor sería clave, dado que garantizaría la competitividad empresarial en materia de residuos y podría tener efectos e implicaciones en el sistema de financiación en la gestión de residuos, materia que se aborda en la mesa de debate posterior.
Otro objeto de debate fue la necesidad de analizar cómo articular mecanismos de inspección y control de mercado que permitan asegurar que todos los productos que se comercializan en nuestro país cumplan la normativa y el principio de “responsabilidad ampliada del productor del producto”, es decir, el productor del producto que con su uso se convierte en residuo, queda involucrado en la prevención y en la organización de la gestión de los mismos, promoviéndose la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos (ya sea a través de sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada). Para ello es necesario clarificar las competencias y articular mecanismos de colaboración y coordinación entre administraciones con competencias en comercio, aduanas y en materia de residuos.
Financiación de la gestión de residuos ante el nuevo marco normativo. Límites y oportunidades.
Una de las principales problemáticas que posee tanto la aplicación de un nuevo y ambicioso marco normativo, como los objetivos establecidos en la Ley 22/2011, en el que además participan, con distintas responsabilidades, diferentes administraciones y agentes, es la financiación de todo el sistema propuesto. Las dificultades de la financiación se agravan con la situación económica actual, que está generando tanto problemas en el pago de los actuales servicios, derivado de la falta de liquidez de algunas administraciones, como está obligando a implantar recortes presupuestarios exigentes, para reducir el déficit público, que obliga a optimizar todos los servicios públicos, además de su reconsideración.
En este sentido, la Sesión Técnica debatió sobre cómo pueden adecuarse las instalaciones y sistemas actuales a los nuevos requerimientos de la Ley, la problemática de la falta de inversión pública necesaria para afrontar todos los cambios y cuál podría ser el modelo de financiación en la gestión de residuos. Bajo esta perspectiva, se analizaron instrumentos financieros y fiscales adicionales, analizando tanto sus oportunidades como limitaciones, en base también a algunas experiencias puestas en marcha.
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